Una de las peores circunstancias de la España de las autonomías, que se supone que surgió para beneficio de todos los españoles, es la diferencia de salarios entre los funcionarios públicos que desempeñan el mismo trabajo en diferentes comunidades autónomas. Conozco por circunstancias profesionales las diferencias salariales entre los maestros y profesores según de qué comunidad autónoma estemos hablando.
Uno no termina de entender esas diferencias cuando se supone que todos desempeñan el mismo trabajo en circunstancias muy semejantes y para ello han realizado estudios similares o tienen méritos de análoga importancia. Esas diferencias marcan españoles de diferentes categorías pero los sindicatos domesticados las aceptan y además reciben el voto ¿cautivo? de sus representados, allá ellos.
El problema comienza cuando esas diferencias se hacen demasiado grandes y por ellas unos pueden vivir de una manera (educar a sus hijos, descansar, tener unas comodidades en casa, unas vacaciones) y otros no. El problema sigue si todo ello se produce sobre unos funcionarios que tienen el encargo de ofrecernos unas condiciones de seguridad para que los demás podamos desarrollar nuestra vida confortablemente, lo que puede obligarles a realizar su trabajo en un contexto que puede implicar riesgos para su salud o incluso para su vida, circunstancia que los demás no sufrimos.
Las desigualdades salariales pueden pasar disimuladas si hay suficiente interés en ello o si los sindicatos domesticados lo aceptan, pero son una injusticia y una afrenta a la dignidad de los trabajadores cuando no hay motivos de carrera profesional para ello. Una de las máximas progres de los años ochenta decía “A igual trabajo igual salario”.
Por honradez, por dignidad y por justicia Rubalcaba debe subirles la paga.
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