No era el gin-tonic, señores

La Mesa de la Cámara Baja ha acordado, a propuesta de su presidente, excluir las bebidas de alta graduación de los precios tasados de la cafetería. Que, sin eliminarlas, limitan las subvenciones con que premian a sus señorías al beber gin-tonics y otras bebidas alcohólicas. Les han tocado el huevo pero dejan intacto el fuero.

Que los gin-tonics dejen de estar tan subvencionados como estaban es una victoria pírrica que simplemente tapa con un poco de pintura un desconchón en un edificio –el de la honorabilidad de la clase política española- en el que las profundas grietas sugerirían echar todo abajo y reedificar.

Lo siento, pero no se me ocurre ninguna razón por la que los diputados hayan de tener un menú subvencionado. Y ya que Jesús Posada ha recordado a los medios que las cafeterías de la Cámara no sólo las usan diputados, sino también funcionarios, trabajadores, periodistas y visitas, tampoco entiendo que quienes trabajen allí en vez de hacerlo en la tienda de enfrente, en el hotel de la otra calle o en la obra –de las pocas que van quedando- de más allá lo tengan. Desengañémonos, si no hubiese diputados, esos trabajadores no tendrían subvención en su menú, en su café (0’85 céntimos, oiga) o en sus gin-tonic.

No se trataba del gin-tonic sino de las subvenciones a diputados por ser diputados en vez de ser labradores, maestros o chapistas. No, esperen, tampoco se trataba de las subvenciones, sino de la existencia de todo un régimen de prebendas y favores a quienes se dedican al antaño noble empeño de la política. Favores y prebendas que empiezan por permitir que ellos mismos se marquen el sueldo, lo que nos lleva a encontrar alcaldes y presidentes de diputaciones con sueldos que rayan el latrocinio y que, siendo todo lo legales que se quiera, no son lícitos en una España con cinco –o seis, da igual- millones de parados.

No se trata de eliminar la subvención del gin-tonic o la del café o la comida, se trata de acabar con un sistema de privilegios –incluidos los jurídicos, económicos, laborales o de pensiones- que permiten la existencia de dos castas antagónicas y cada día más alejadas en una misma sociedad, sociedad a la que se exigen unos sacrificios impensables hace sólo unos años, sociedad en la que el retroceso de derechos sociales y laborales parece afectar sólo a un grupo de ciudadanos. Se trata de impedir que quienes deben luchar por las condiciones de vida de los ciudadanos normales tengan mejores condiciones de vida que los ciudadanos normales.