Pena de muerte, cadena perpetua

Es difícil no comprender el dolor que los padres de las víctimas sienten. Es relativamente fácil suponer el desgarro los que asesinatos inflingen en padres o cónyuges u otros familiares de las víctimas. No podemos sentirlo igual, es imposible sentirlo en la misma medida si es que tamaño padecimiento tiene manera de ser medido, si existe escala que pueda abarcar todo el tormento que se puede llegar a padecer cuando pierdes de manera tan cruel a tu hija, por ejemplo, pero sin embargo se puede comprender fácilmente.

España entera ha sentido hervir su sangre con los padecimientos que la familia de Marta del Castillo está arrostrando desde hace semanas; a la crueldad de la violenta muerte hay que añadir que tanto tiempo después su cadáver sigue sin aparecer. Cuántos padres nos hemos sentido afectados, cuántos nos sentimos unidos a ellos en su sufrimiento.

Es fácil sucumbir en momentos así a deseos de cambiar el mundo, de aprovechar cámaras y focos para alzar la voz y además de reclamar justicia buscar la manera de solucionar los problemas del mundo. Los padres de Mari Luz Cortés y Marta del Castillo tras el calvario que les ha tocado soportar han aprovechado su poder mediático para dirigirse a la Moncloa y solicitar la cadena perpetua como castigo disuasorio para los criminales más abyectos. Zapatero, con su sonrisa de cartón piedra, su habilidad en el cara a cara y su diplomática cercanía, ha recibido cordial y educadamente a ambos y, cabe suponer que tras consolarlos en la medida de lo posible, les ha dejado ir sin proporcionarles la solución que iban buscando.

Y otros más audaces reclaman la pena de muerte, afirmando también el poder disuasorio que esta pena capital puede tener para los potenciales criminales. Sin embargo las penas, por duras que sean, no suelen servir para reducir el número de delitos que se cometen en un determinado lugar, nadie se acuerda de ellas en el momento de asestar un cenicerazo en la cabeza de una pobre niña. Deben existir y deben ser duras, ajustadas a los hechos probados, y cumplirse en su totalidad salvo casos extraordinarios.

Y ahí, precisamente en cosas tan elementales como las que acabo de decir hay gran capacidad de mejora legal. Uno pierde la cuenta de cuántos códigos de Justicia se llevan elaborando en la Democracia, parece ocurrir como con las leyes de Educación, que cambian, o eso parece, con cada ministro, cada ministro quiere poner su nombre al nuevo código de Justicia, y sin embargo el cumplimiento íntegro de las penas impuestas no acaba de llegar.

Hay cosas que no deben ponerse a disposición de la opinión del pueblo sin que por eso merme el valor democrático de una sociedad. Si hiciéramos un referéndum desaparecerían los impuestos o las multas de tráfico y la gasolina sería gratis, no todo vale para ser aprobado por el pueblo, la Democracia tiene sus limitaciones.

La pena de muerte existe en medio mundo (¿sólo?) sin que por eso hayan disminuido los delitos en los lugares donde se mantiene. Es un error pensar que su aplicación conlleva necesariamente la desaparición o disminución de delitos especialmente repugnantes. En mi prescindible opinión un solo error que se cometa al aplicar este castigo a un inocente, error que no tiene marcha atrás ni compensación posible, invalida permanentemente su aplicación.

Incluso la crisis económica, ésa que convertía en antipatriotas a los que la nombraban, acude a finiquitar con este hecho detestable por el cual el hombre quita, muy legalmente, la vida a un semejante. En varios lugares de Estados Unidos, según informaban ayer radios y televisiones, se están dando pasos definitivos hacia su abolición. Una pena de muerte, con sus juicios interminables, con sus innumerables recursos, con sus abogados y tribunales durante largos años, supone un gasto excesivo que algunos Estados no pueden mantener sin grave deterioro de sus arcas. Hay quien propone que lo que se ahorre se invierta en solucionar casos antiguos sin resolver.

Es difícil no comprender el dolor que los familiares de las víctimas sienten, pero hay que legislar desde la serenidad.