Entre cien y doscientos mil
ciudadanos vascos se han visto empujados al exilio como consecuencia de la
presión terrorista. El miedo a las bombas, a las metralletas (¿No nos acordamos
de cuando el populacho gritaba “ETA, ETA, ETA, más metralletas”?) y a la
extorsión ha llevado a numerosas familias a abandonar su casa y su pueblo para
enraizarse en otros lugares.
Algún día la sociedad entenderá
que esa presión es comparable a la de los nazis contra los judíos y se hará
justicia histórica. ¡Cuánto tiempo hemos empleados en memorias históricas sin
querer acordarnos del pasado más, mucho más, reciente! Que la democracia haya
seguido adelante sin detenerse a pensar en estos desheredados de la vida, sin
amparar a los desterrados del terrorismo habla mal de nosotros y de nuestros
prohombres.
De momento los desterrados
trabajan y crean riqueza y puestos de trabajo en otros lugares, allá los
gobiernos vascos que los han olvidado. Pero también votan en sus lugares de residencia
forzosa, sustrayendo sus votos del país vasco, desequilibrando a favor del
nacionalismo, ese nacionalismo que los ha excluido, los resultados electorales.
Urge recomponer esa situación; de
la misma manera que algunos emigrantes tienen derecho a votar en las elecciones
locales españolas, aun manteniendo su propia nacionalidad, las leyes deben facilitar
que con mucho más derecho y legitimidad los amenazados por las pistolas y las
bombas etarras puedan votar en los que hubieran sido sus lugares de residencia
de no mediar la exclusión, la extorsión, la amenaza y el miedo.
El gobierno empieza a dar los
primeros pasos en ese sentido, buscando siempre la legalidad para defender la
legitimidad de ese voto vasco, propiamente vasco, y no adulterar las elecciones
y sus resultados. El nacionalismo vasco no terrorista se ha visto beneficiado
por esa situación, con escaños, poder y dinero, y puede entenderse que la mezquindad
de algunos pretendiera mantener el dolo vasco. Pero debe llegar cuantos la hora
de la recuperación de la normalidad, la hora de que los enfrentamientos electorales
sean equilibrados y justos, de que todos los partidos jueguen con las mismas
armas, las de la legalidad y la legitimidad.
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